La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha fijado para el 18 de noviembre la decisión sobre el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la República. Este recurso busca revocar la condena al pago de RD$ 7.5 millones por no devolver un teléfono celular incautado a un imputado por presunta corrupción.
La condena fue emitida por la jueza Patricia Padilla, quien impuso una astreinte de 20 mil pesos diarios por el incumplimiento de la devolución del dispositivo. El abogado del acusado, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, sostiene que la sanción busca asegurar el cumplimiento de las órdenes judiciales.
El Ministerio Público alegó que el teléfono estaba en el Inacif para una extracción de datos y que su traslado se complicó por una mudanza apresurada. Sin embargo, la jueza argumentó que no se justificó adecuadamente la imposibilidad de devolver el bien.
