En República Dominicana, la importación de armas de fuego y municiones para el comercio con particulares ha estado prohibida durante casi dos décadas. Sin embargo, las armerías continúan ofreciendo pistolas, revólveres, escopetas y municiones. Esta paradoja se evidenció nuevamente tras los allanamientos realizados por el Ministerio Público en establecimientos de venta de armas en Santo Domingo.
El Decreto 309-06, emitido en 2006, estableció la prohibición de importar armas, aunque se han permitido excepciones para ciertos sectores. A pesar de la restricción, el Ministerio de Interior y Policía sigue otorgando licencias para la comercialización de armas de uso civil y deportivo. Esto ha creado un mercado donde las armas pueden venderse a precios elevados debido a la dificultad de reemplazo y las limitaciones de inventario.
En 2023, se autorizaron importaciones de armas para empresas de seguridad privada, y en 2025 se permitió temporalmente la importación de municiones bajo condiciones específicas. La Operación Clave, lanzada por la Policía Nacional y el Ministerio Público, desmanteló una red de tráfico ilegal de armas, reflejando los esfuerzos por controlar el mercado ilegal. Las autoridades han reportado decomisos periódicos de armas ilegales, destacando la complejidad del control de armas en el país.
