Una auditoría de la Contraloría General de la República ha identificado irregularidades administrativas en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) entre agosto de 2020 y diciembre de 2024. Se señala que ONAPI habría destinado casi RD$3 millones en banquetes, lo que sugiere un descontrol financiero que compromete el erario.
El informe destaca un manejo inadecuado de fondos públicos, con prácticas administrativas que podrían superar decenas de millones de pesos, afectando la transparencia institucional. Se evidenció fraccionamiento en procesos de compras menores para servicios de banquete y catering, con un total de RD$2,947,000, aparentemente para evadir procedimientos legales.
Además, se adjudicaron 21 procesos de compras menores a un único oferente, sumando RD$13,295,227, lo que contraviene la norma que exige convocar a al menos tres proveedores. También se validaron 15 procesos de compras menores por servicios de asesoría y consultoría por RD$15,266,944, sin obtener los resultados esperados.
La auditoría señala pagos de incentivos y extraordinarios por RD$6,235,307.70 a asesores, práctica prohibida por la Ley de Regulación Salarial. También se identificaron 80 cargos no contemplados en el manual de funciones y discrepancias salariales entre empleados.
Finalmente, se detectaron inconsistencias en las obligaciones impositivas y de seguridad social, así como violaciones en la entrega de beneficios marginales, reflejando una falta de controles internos en la institución.
