La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha manifestado su rechazo a varios artículos del proyecto del nuevo Código Penal. Según el gremio, algunos términos del proyecto podrían criminalizar las medidas disciplinarias y pedagógicas que los docentes aplican en su labor diaria.

En una carta dirigida a la Cámara de Diputados, la ADP expresó su apoyo al fortalecimiento de la protección de menores, pero insistió en que la reforma debe equilibrar este objetivo con el ejercicio de la función docente. La carta, firmada por el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, y el consultor jurídico John A. Bello, señala que algunas disposiciones podrían afectar la libertad de expresión y los derechos fundamentales de los docentes.

La ADP destacó la necesidad de precisar términos en el artículo 121, que trata sobre el hostigamiento e intimidación o bullying, para evitar malinterpretaciones. También propuso que el Código Penal aclare que las medidas disciplinarias legítimas no constituyen delito, siempre que no busquen humillar o causar daño.

El gremio solicitó revisar el artículo 214, sobre abandono de menores, argumentando que el deber de custodia del docente es limitado y no debe equipararse al de los padres. Además, pidió mayor claridad en el uso del término "presión" en el proyecto, sugiriendo una definición más precisa para proteger las actuaciones legítimas de los docentes.