A julio de 2026, el 64.3% de la cartera de inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) estaba concentrado en títulos emitidos por instituciones del Estado. El Ministerio de Hacienda representaba el 56.2% del total y el Banco Central el 8.1%.
Esto implica que casi dos de cada tres pesos de los ahorros previsionales de los trabajadores están siendo utilizados para financiar al sector público. En términos nominales, estas inversiones ascendían a 855,966 millones de pesos, de una cartera total de 1,331,318 millones.
Fuera de los títulos estatales, los fondos de inversión representan el 19.0% de la cartera, seguidos por los bancos comerciales y de servicios múltiples con 7.1%, los fideicomisos de oferta pública con 5.6% y las empresas privadas con 2.1%.
Una mayor diversificación de los recursos podría permitir que más fondos se destinen a proyectos productivos, alineándose con el espíritu de la Ley 87-01. Esta ley busca que el ahorro de los trabajadores se convierta en inversiones que generen empleos e ingresos más altos.
Ampliar las alternativas de inversión facilitaría una mayor diversificación de los ahorros de los trabajadores, permitiendo que más recursos se canalicen hacia inversiones productivas.
