El Tribunal Constitucional (TC) ha reafirmado que los datos del Registro de Control e Inteligencia Policial deben ser recategorizados y trasladados al archivo histórico de la Policía Nacional después de diez años. Esta decisión se tomó al acoger una acción de habeas data contra la Policía Nacional, ordenando que un registro activo desde 2011 sea considerado como información no clasificada. La sentencia TC/0840/26 aclara que el cambio de estatus no implica la eliminación de los datos, sino su traslado al archivo histórico, manteniendo la reserva de la información. Además, el TC criticó al Tribunal Superior Administrativo por no pronunciarse sobre el caso específico de una persona que solicitó el cambio de estatus de su ficha policial. La sentencia también subraya que la pérdida del carácter clasificado no autoriza la divulgación de los datos, protegiendo así los derechos a la intimidad y al honor de las personas registradas.