El Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas ha valorado el reciente decreto del presidente Luis Abinader que declara de alto interés nacional la lucha contra el 'terrorismo medioambiental'. Sin embargo, la organización advierte que la efectividad de esta medida dependerá de su aplicación efectiva, exigiendo investigaciones que involucren a propietarios, financiadores y autoridades responsables de intervenciones ilegales.
El Observatorio destaca que muchas de las conductas ahora señaladas ya estaban prohibidas por la legislación ambiental vigente. La novedad del decreto radica en su enfoque hacia la seguridad nacional y la coordinación interinstitucional. La entidad subraya la importancia de que las investigaciones no se limiten a los ejecutores directos, sino que también alcancen a quienes financian y autorizan estas actividades.
El decreto, emitido el 2 de septiembre, establece la protección de áreas sensibles como las cuencas hidrográficas y los humedales. Aunque el término 'terrorismo medioambiental' no crea un nuevo tipo penal, se refiere a actos que afectan gravemente los recursos naturales y las infraestructuras ecológicas del país.
