La Administración de Donald Trump ha implementado una nueva normativa que afecta a los inmigrantes que buscan la residencia permanente en Estados Unidos. Esta política, que entra en vigor este viernes, permite denegar la residencia a aquellos que se considere puedan convertirse en una carga pública por recibir ayudas estatales. La medida otorga a los oficiales de inmigración mayor discrecionalidad para evaluar factores como la asistencia gubernamental recibida por el solicitante o sus familiares.
La normativa afecta principalmente a solicitantes de residencia permanente por peticiones familiares o laborales, excluyendo a aquellos que aplican por asilo, estatus de refugiado o visas especiales. Los solicitantes deben demostrar autosuficiencia económica, presentando pruebas de empleo, seguro médico privado y bienes personales. Esta directriz, que se aplicará a partir del 18 de septiembre de 2026, ha sido objeto de acciones legales por parte de varias ciudades y condados que buscan bloquear su implementación.
El abogado de inmigración Fernando Romo aconseja a los solicitantes presentar evidencia de autosuficiencia para evitar ser considerados una carga pública. Mientras tanto, el abogado Alex Gálvez sugiere estar atentos a las acciones legales en curso que podrían detener la aplicación de esta normativa. La nueva guía ha generado controversia y se espera que los tribunales evalúen su legalidad en las próximas semanas.
