En los últimos cinco años, el Ministerio Público ha firmado acuerdos con imputados en casi todos los procesos de corrupción administrativa llevados a los tribunales. Esta práctica, aunque cuestionada por algunos sectores, cuenta con el respaldo de los principales actores del sistema de justicia. El nuevo Código Procesal Penal, vigente desde diciembre, obliga a los jueces a promover negociaciones cuando las partes no muestran disposición a conciliar.
De los seis expedientes más importantes de corrupción presentados, el caso del exdirector del Intrant, Hugo Beras, es el único sin arreglos anunciados que impliquen admisión de culpas o resarcimiento económico al Estado. En el presunto fraude de 16,000 millones de pesos en el Senasa, el Ministerio Público no descarta negociar con algunos imputados, aunque aún no ha concluido su investigación.
El empresario José Pablo Ortiz Giráldez y Jhonny Morales son señalados por su implicación en el caso, pero no han sido procesados. La Ley 97-25, que instituye el Código Procesal Penal, obliga a los jueces a promover conciliaciones entre acusados y acusador, verificando su existencia y posibilidad de alcanzarlas.
Un acuerdo destacado es el de Maxy Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, quien restituyó tres mil millones de pesos al Estado. En el juicio contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez, varios colaboradores y empresarios han pactado con el Ministerio Público, siendo condenados en penales abreviados.
En el proceso contra los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, Francisco Pagán Rodríguez fue condenado a cinco años de prisión, entregando 35 millones de pesos al Estado. En la Operación Calamar, varios empresarios evitaron la persecución penal tras devolver más de 2,300 millones de pesos al Estado.
