Más de una década después de la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, miles de personas de ascendencia haitiana nacidas en República Dominicana siguen sin acceso a la nacionalidad. La Ley 169-14, creada para mitigar el impacto de la sentencia, ha resultado en un proceso burocrático complejo y sin resolver.
En la Categoría A, que incluye a quienes ya tenían registros oficiales, la Junta Central Electoral ha entregado documentos a 27,000 personas, pero más de 34,000 siguen esperando. La situación es aún más crítica para la Categoría B, destinada a aquellos sin declaración de nacimiento, donde solo 799 de 8,755 inscritos han avanzado en su regularización.
El abogado Manuel Dandré denuncia que las actas de nacimiento originales son sustituidas por "actas de transcripción", dejando a las personas fuera del sistema civil regular. Esta exclusión afecta a generaciones enteras, condenando a comunidades a la informalidad y limitando el acceso a servicios básicos.
La falta de identidad legal obliga a muchos a buscar documentos haitianos, a pesar de no tener vínculos con Haití. La situación genera resentimiento social y podría llevar a sanciones internacionales, mientras el Estado dominicano mantiene un silencio que afecta la dignidad de miles de personas.
