Chiquín Jiménez, un hombre con problemas de salud mental, pasó casi dos décadas en prisión preventiva en Dajabón sin recibir una sentencia definitiva. A pesar de una orden judicial para su traslado a un centro de salud mental, esta nunca se ejecutó y su caso quedó suspendido sin revisión. En 2022, la Oficina Nacional de Defensa Pública detectó su situación y, tras varios intentos legales, la Corte de Apelación de Montecristi ordenó su liberación en 2026. El caso resalta la necesidad de mejorar el seguimiento de procesos penales, especialmente para personas con trastornos mentales.