En el sistema de justicia penal de la República Dominicana, cada juez y tribunal tiene funciones específicas según la etapa del proceso. La Ley 97-25, que establece el Código Procesal Penal, organiza estas competencias desde la investigación hasta la ejecución de sentencias.
Los jueces de instrucción controlan la legalidad de la investigación y protegen los derechos fundamentales durante el procedimiento preparatorio. Las Oficinas Judiciales de Servicios de Atención Permanente atienden casos urgentes y medidas de coerción.
Los tribunales de juicio dirigen el debate sobre la responsabilidad penal y dictan sentencias basadas en las pruebas. El Juez de Ejecución de la Pena supervisa el cumplimiento de las sentencias y los derechos de los privados de libertad.
Las cortes de apelación revisan decisiones de tribunales inferiores y la Suprema Corte de Justicia maneja recursos de casación y revisión, además de casos con privilegio de jurisdicción. Esta estructura busca garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
