Este lunes, 18 hombres acusados en relación con la muerte del presidente haitiano Jovenel Moïse fueron trasladados desde Haití a Estados Unidos. Según fiscales federales estadounidenses, el dinero obtenido fraudulentamente de programas de ayuda creados por el Gobierno de Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 habría sido utilizado para financiar parte del complot que terminó con el asesinato de Moïse.

La investigación sostiene que el sur de Florida funcionó como centro de planificación y financiamiento de la operación. Parte de los recursos procedentes de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y los préstamos de emergencia EIDL habría terminado financiando armas, equipos tácticos y la contratación de exmilitares colombianos que participaron en el ataque del 7 de julio de 2021.

La información cobró nueva relevancia después de que 18 hombres detenidos en Haití fueran trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos ante un tribunal federal de Miami. El Departamento de Justicia confirmó oficialmente el traslado y señaló que constituye una nueva fase de la investigación estadounidense sobre el magnicidio.

El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, afirmó que las autoridades continuarán siguiendo el rastro de quienes financiaron, facilitaron o apoyaron el asesinato. "Cinco años después, todavía estamos llevando acusados ante los tribunales estadounidenses y no hemos terminado", señaló el fiscal.

Según el Departamento de Justicia, Walter Veintemilla desempeñó un papel central en el financiamiento y acordó aportar US$175,000 a través de un préstamo financiado con dinero proveniente de programas PPP y EIDL. En julio, otro financista relacionado con el caso fue condenado a 20 años de prisión por lavar cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de esos mismos programas de ayuda.

Los investigadores sostienen que el dinero permitió financiar recursos necesarios para la operación, mientras otras personas vinculadas al complot suministraron armas, municiones, chalecos antibalas, radios, linternas y otros equipos tácticos. La Fiscalía estadounidense indicó que, con el avance de la investigación, unas 30 personas han sido acusadas por distintos delitos relacionados con la conspiración.