La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha señalado que el incumplimiento o retraso en la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) debilita el Estado de derecho en la República Dominicana. Finjus enfatiza que las decisiones del TC son definitivas y vinculantes, y su no ejecución equivale a dejar incompleta la protección judicial de los derechos. La organización sugiere que cualquier sanción a funcionarios debe estar sustentada en la ley y que es necesario distinguir entre diferentes causas de inejecución antes de aplicar consecuencias. El TC ha reconocido las dificultades para que las instituciones públicas ejecuten sus decisiones y ha establecido mecanismos de seguimiento para abordar este problema. Actualmente, el Senado estudia un proyecto de ley para fortalecer los mecanismos de ejecución de sentencias judiciales.