El gobierno dominicano ha extendido el arrendamiento del ingenio Barahona al Consorcio Azucarero Central (CAC) hasta el año 2070. Esta decisión ha generado controversia entre los agricultores del suroeste, quienes denuncian la expropiación y destrucción de sus cultivos por parte del consorcio. La Diócesis Católica de Barahona ha manifestado su rechazo a las acciones del CAC, calificándolas de atropello contra las comunidades vulnerables de la región.
El contrato original, firmado en 1999 por un período de 20 años, fue parte de una política de privatización impulsada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Sin embargo, la extensión del contrato bajo el gobierno actual del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se ha realizado sin explicaciones claras sobre los beneficios para el Estado. Diversos sectores exigen una revisión del contrato y una auditoría de los términos del nuevo acuerdo, así como soluciones a los conflictos de tierra en la región.
