La inseguridad y el auge de la delincuencia han sido preocupaciones persistentes en la sociedad dominicana durante las últimas décadas. Ante el impacto de los delitos violentos, surgen reacciones drásticas que incluyen propuestas de mano dura como el 'código 29', que aboga por la eliminación física de delincuentes. Sin embargo, este enfoque plantea interrogantes sobre su efectividad a largo plazo y sus implicaciones para el Estado de derecho.
Defensores de medidas contundentes argumentan que neutralizar a los criminales más peligrosos ofrece un alivio inmediato a las comunidades afectadas y actúa como un mecanismo de disuasión. No obstante, expertos en criminología y políticas públicas sostienen que estas acciones no desarman las estructuras delictivas, ya que los mercados ilegales y la demanda de actividades criminales persisten. Además, juristas y defensores de derechos humanos advierten que prácticas como los 'intercambios de disparos' vulneran garantías constitucionales y dificultan la investigación de la corrupción y el crimen organizado.
La experiencia internacional indica que estrategias basadas en la represión reactiva saturan los sistemas sin abordar las causas subyacentes. Una reducción sostenible de la delincuencia requiere fortalecer la inteligencia policial, reformar el sistema judicial para combatir la impunidad e invertir en las comunidades más vulnerables. Factores como la deserción escolar, el desempleo juvenil y la exclusión económica deben ser abordados para desarticular el reclutamiento delictivo y construir una paz duradera.
