Entre 2020 y 2024, la Procuraduría General de la República reportó 1,333 personas judicializadas por trata y tráfico ilícito de migrantes, pero solo 107 fueron condenadas. Cada año, miles de personas son apresadas intentando viajar ilegalmente a Puerto Rico, y los organizadores de estas travesías son sometidos a la justicia. Sin embargo, el número de condenas efectivas es significativamente menor, y las penas impuestas no siempre resultan en prisión efectiva.
El caso más reciente ocurrió en Samaná, donde dos presuntos organizadores de viajes ilegales recibieron medidas de coerción de presentación periódica. La Armada interceptó una embarcación con 62 personas a bordo, lo que refleja la magnitud del problema. Entre 2020 y 2024, más de 422 personas fueron sometidas por organizar estos viajes, mientras que 26,527 personas fueron detenidas en travesías ilegales entre 2018 y 2025.
El nuevo Código Penal no ha modificado la tipificación del tráfico ilícito de migrantes, y la Ley 137-03 sigue vigente con penas de 15 a 20 años de prisión. Sin embargo, en muchos casos, las condenas no implican prisión efectiva, como se observó en revisiones de sentencias en Dajabón.
