Martha decidió hace trece años no internar a su hijo con trastorno mental por temor a que se pierda si sale de un centro. Este temor refleja una preocupación común entre familias que conviven con enfermedades mentales graves: la posibilidad de que el tratamiento se interrumpa y la persona termine en las calles.
En los últimos años, varios incidentes violentos protagonizados por personas con alteraciones mentales han reabierto el debate sobre la atención psiquiátrica en el país. Sin embargo, especialistas como el psiquiatra Julio Ravelo Astacio advierten que estos casos son excepcionales y no representan a la mayoría de las personas con trastornos mentales.
El Ministerio de Salud Pública inició en 2016 un programa para personas con trastornos mentales en condición de deambulación, con intervenciones que incluyen evaluación clínica y reintegración familiar. A pesar de los avances, el desafío sigue siendo garantizar la continuidad del tratamiento y evitar que los pacientes regresen a las calles.
Ángel Almánzar, exdirector nacional de Salud Mental, enfatiza la necesidad de una respuesta comunitaria que incluya redes de apoyo, hogares de paso y centros de día. La atención a personas con trastornos mentales no puede depender únicamente de ingresos hospitalarios, sino de un sistema que acompañe al paciente en su recuperación.
El Consejo Nacional de Drogas trabaja en el desarrollo del Sistema de Acción Nacional Anti-Adicciones (SANA) para abordar el consumo problemático de sustancias en personas con trastornos mentales. Este enfoque busca integrar la atención a las adicciones dentro de los servicios de salud mental.
La discusión pública sobre la salud mental suele reactivarse tras incidentes violentos, pero los especialistas insisten en que el éxito de las políticas públicas se mide por la estabilidad del paciente en su comunidad. Mientras tanto, familias como la de Martha continúan enfrentando el desafío diario de cuidar a sus seres queridos con esperanza y resistencia.
