El abogado Roberto Faxas, representante legal de los afectados por la explosión en San Cristóbal, ha denunciado irregularidades en la investigación oficial. Faxas sostiene que el informe del Cuerpo de Bomberos carece de validez, al afirmar que contiene afirmaciones "inverosímiles" y que la institución no tiene registro del documento en sus archivos.
El jurista argumenta que el área del siniestro ya estaba bajo control de autoridades como el Ayuntamiento y Obras Públicas, y exige respuestas directas de estas instituciones. Además, menciona que los residentes observaron letreros que indicaban que el lugar estaba cerrado por demolición, sugiriendo un posible dominio público del terreno.
Las familias afectadas han iniciado una demanda civil ante el Tribunal Superior Administrativo para buscar una indemnización justa por los daños sufridos. A tres años de la tragedia, los residentes de San Cristóbal continúan viviendo en inseguridad y esperan que las autoridades estatales brinden la ayuda necesaria para reconstruir sus vidas.
La explosión, ocurrida el 14 de agosto de 2023, dejó 42 muertos y más de 60 heridos, y se produjo cuando trabajos de remoción de estructuras hicieron contacto con un tanque de GLP en un establecimiento de reciclaje de plásticos.
